Los negociadores de Javier Milei con el Congreso: quiénes son los funcionarios de bajo perfil que acompañan al ministro Francos para impulsar la Ley Bases

El Gobierno echó mano de los recursos de la política tradicional y cambió de estrategia en su nuevo intento para hacer pasar la Ley Bases. También hizo modificaciones en el plantel de negociadores. Distintos testigos de las gestiones ubican al vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, como quien “se cargó al hombro” las tratativas en Diputados para consensuar el contenido del texto que finalmente se votó. Y mencionan a la flamante funcionaria de la Casa Rosada María Ibarzábal Murphy -que asumió formalmente hace un mes- como su principal ladera para cuidar la letra chica del dictamen.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, que logró imponer su estilo clásico para negociar, se ocupó de aceitar voluntades a través de los gobernadores. Esta vez, el joven estratega Santiago Caputo se mantuvo lejos del Congreso. Participó de las reuniones en la Casa Rosada, dio el visto bueno para hacer cambios y omisiones gruesas en el texto y se ocupó de algunas misiones especiales para destrabar votos puntuales.

Para los legisladores y funcionarios que presenciaron este segundo intento de los libertarios por hacer pasar la Ley Bases junto al paquete fiscal no quedan dudas de que la lapicera para hacer cambios en el proyecto y la explicación técnica de su contenido estuvo a cargo de Rolandi. Mano derecha de Nicolás Posse, este ingeniero industrial por el ITBA conoció al jefe de Gabinete durante el frustrado proyecto del Corredor Bioceánico Aconcagua que el ministro coordinador encabezó cuando trabajaba en Corporación América.

El tándem Rolandi-Ibarzábal

Rolandi viene del rubro energético: trabajó en proyectos de Parques Eólicos y en la Compañía General de Combustibles (CGC). También fundó empresas de Inteligencia Artificial. Su primera incursión en el Estado fue de la mano de Javier Milei, luego de participar del armado de los equipos técnicos y los planes de gobierno durante la campaña. En el Poder Ejecutivo está nombrado ad honorem, pero eso es porque también está designado como director de YPF. Allí podría recibir haberes en torno a los $20 millones, pero él renució a ese monto. En una carta a la empresa petrolera, solicitó que le paguen un salario equivalente al de un secretario de Estado, es decir, $3,2 millones brutos. De esta forma, no cobra un sueldo de las arcas de la administración nacional, sino de la compañía, pero equivalente al que recibiría por su cargo.

En las últimas semanas, Rolandi pasó larguísimas jornadas entre el Congreso y la Casa Rosada. En Diputados se apostó en la mesa de directorio del despacho del titular de la Cámara, Martín Menem, para escuchar a los jefes de bloque, persuadirlos de las bondades del proyecto oficial y asimilar varios de los cambios que pidieron. Se lo vio allí incluso algún viernes al anochecer, cuando en el palacio suele quedar casi deshabitado. Para tomar decisiones gruesas, Rolandi entró en contacto desde allí con Santiago Caputo y también con los hermanos Milei, con quienes tiene llegada.

De bajo perfil y reacio a las cámaras -una marca registrada de la Jefatura de Gabinete actual- se lo vio en los palcos de la Cámara durante la votación en Diputados y disertando en el plenario de comisiones del Senado.

Rolandi trabajó palmo a palmo con Ibarzabal Murphy, una funcionaria en ascenso en el firmamento libertario. Con una carrera prometedora en el estudio Cassagne -uno de los más reconocidos del país en derecho administrativo- esta abogada volvió a lo público de la mano de Milei tras una primera experiencia como colaboradora del procurador del Tesoro de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías. Si bien viene colaborando con los equipos libertarios desde la campaña, en los papeles asumió a mediados de abril como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, una oficina que depende directamente de la Presidencia y que en la práctica tendrá funciones parecidas a las que tenía Armando Giubert, el funcionario que fue despedido por el traspié de los aumentos de los sueldos de Milei y sus ministros.

Al presentarla, un mes atrás, el vocero Manuel Adorni adelantó que ella “ayudará en la modernización del Estado” y en “todos los cambios” y desregulaciones que quiere implementar esta gestión. En el debate de la Ley Bases comprimida que se trata ahora, ella se encargó de ajustar los aspectos legales derivados de las negociaciones políticas con los bloques aliados. Y tomó finalmente el micrófono este martes en el plenario de comisiones del Senado para explicar las reformas de la ley de procedimiento administrativo.

Gestiones políticas

Francos se juega un pleno en este intento por pasar la Ley Bases, ya que desde el día uno clamó internamente para apelar a los acuerdos políticos para conseguir los votos, un procedimiento que hasta entonces estaba fuera del manual libertario. Como “paloma” del Gobierno, buscó involucrar a Posse en las reuniones con gobernadores y jefes de bloque que se dieron una detrás de la otra en la Casa Rosada. Fue una forma de demostrar que, a diferencia de enero, esta vez hay mayor sintonía con el ala dura del gabinete.

El ministro del Interior también espera que, de ser necesario, el propio Milei se involucre con alguna gestión puntual de último momento con algún gobernador que pueda facilitar la mayoría en el Senado.

Francos escuchó una y otra vez a los gobernadores del norte y los de sus pares patagónicos, cada uno con su agenda de reclamos. Más de una vez debió zurcir vínculos luego de que el Presidente detonara puentes con su diatriba vía redes sociales.

Ahora Francos tiene la misión de conquistar el favor del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, un viejo aliado de Cristina Kirchner que puede tener la llave de la votación porque controla a los tres senadores de su provincia. El ministro ya lo visitó en su terruño y podría volver a reunirse con él en estas horas, luego de que un grupo de funcionarios santiagueños acercara a la Casa Rosada un listado de obras públicas prioritarias para la provincia.

Otro mandatario en la mira para ajustar el poroteo final es Claudio Vidal, de Santa Cruz, que controla a dos senadores. El Gobierno quiere persuadirlo con la cesión de la parte estatal de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y un acuerdo en torno a la licitación de las “áreas maduras” de las que YPF quiere desprenderse.

Para esta segunda negociación de la ley Bases, en tanto, el empoderado asesor presidencial y custodio de la narrativa libertaria Santiago Caputo se mantuvo en un repliegue táctico. Si bien participó de las reuniones con los jefes de bloque en la Casa Rosada, no trajinó los despachos del Congreso como había hecho la primera vez, donde llevaba la voz cantante en encuentros cerrados para defender con intransigencia el “mamotreto” original de más de 600 artículos.

Caputo fue quien en el verano propuso la estrategia del “todo o nada” para marcarles la cancha a los legisladores, una estrategia que terminó cuando Milei pateó el tablero en la votación en particular en Diputados. Con este proyecto recortado, el estratega de bajo perfil se mostró más pragmático y a cargo de gestiones puntuales, siempre en contacto con el jefe de bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, y con su par de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, muy ponderado por el asesor presidencial. Con el primero, Caputo consensuó la omisión del capítulo del tabaco mientras que con el segundo construyó los consensos en torno a la reforma laboral, mucho menos ambiciosa que la original.

Uno de los acuerdos más fructíferos fue el que cerró con la UCR porteña que responde al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Promotor de la masiva movilización a favor de la universidad pública, Yacobitti garantizó el voto a favor de la Ley Bases de las tres diputadas radicales que le responden directamente: Danya Tavela, Carla Carrizo y Mariela Coletta.

Caputo mantuvo conversaciones con Yacobitti, a quien conocía por su paso por la facultad de Sociales. Pese a la confrontación en redes sociales por la marcha universitaria, el asesor presidencial colaboró para destrabar los fondos para las casas de altos estudios que venían siendo retaceados por el Ministerio de Economía.

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