El CELS impugnó la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG defensora de los derechos humanos que muchas veces estuvo alineada en sus posturas con el kirchnerismo, impugnó la designación del juez federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la organización se pronunció contra la postulación del académico Manuel García-Mansilla.

El CELS presentó ante el Ministerio de Justicia de la Nación observaciones acerca de los perfiles de ambos candidatos que consideraron “contrarios a los criterios de idoneidad y compromiso con los derechos humanos”.

Además, señaló que “nominar a dos candidatos varones para integrar la Corte exclusivamente con hombres es contrario a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres, a la que Argentina adhiere”.

Sobre la candidatura de Lijo, dijo el CELS que sus antecedentes se limitan prácticamente a su desempeño como juez federal de Comodoro Py. El organismo dijo que el fuero federal allí está “acostumbrado a funcionar bajo sus propias reglas” y es el lugar “donde se tejen intereses de distintos grupos de poder, económicos y políticos”.

“Entre las cuestiones más preocupantes de su trayectoria sobresalen las graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, la demora excesiva en el tratamiento de distintos casos y el enriquecimiento ilícito”, señaló el CELS que dirige la antropóloga Sofía Tiscornia. El secretario es el abogado y catedrático Damián Loretti.

El CELS recordó que “el candidato tuvo una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho” y que “muchas de estas denuncias aún no han sido resueltas”. Hizo hincapié en las demoras en la investigación por el encubrimiento del atentado a la AMIA, de la que fue apartado por la Cámara Federal en 2016, y el caso que investiga -entre otros exfuncionarios públicos- al exministro Oscar Aguad, por delitos vinculados al Correo Argentino”. Allí Lijo “lo citó a indagatoria en 2018 y aún hoy, seis años después, no resolvió su situación procesal”.

En otros casos, Lijo dictó la prisión preventiva de ex funcionarios públicos siguiendo la denominada “doctrina Irurzun”, que señala que el peligro de fuga de los exfuncionarios continúa al dejar elc argo pro su influencia sobre la administración, Entendió el CELS que ese criterio “es arbitrario y se aparta de los principios y criterios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Sobre el candidato García-Mansilla, sostuvieron que en sus trabajos académicos “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la reforma de 1994, lo que significa un obstáculo para la efectiva protección de los derechos humanos en la Argentina”.

Además dicen que plantea posiciones muy regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo. “Afirma que la Constitución reconoce el comienzo de la vida con la concepción en el vientre materno y que, por lo tanto, el aborto es inadmisible y la ley 27.610 sancionada en 2020 es inconstitucional”.

Abogados y radicales

También el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó hoy ante el Ministerio de Justicia su impugnación formal a la postulación del juez Ariel Lijo, para integrar la Corte Suprema. Con la firma de su presidente, Alberto Garay, el escrito señala que Lijo “carece de las calidades excepcionales que se esperan de alguien que aspire al cargo” dado que su postulación “no encuentra explicación ni justificación en su currículum vitae ni en su trayectoria como juez, cuya reputación se encuentra severamente cuestionada”.

El texto presentado destaca que el candidato Lijo cuenta con una producción académica limitada, principalmente en coautoría con sus secretarios, publicaciones que “carecen de profundidad y valor científico”. Por otro lado, en el escrito, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires recuerda que Lijo fue objeto de cinco pedidos de juicio político entre 2023 y 2024: “Dos de ellos siguen pendientes de sustanciación en el Consejo de la Magistratura”, dice.

Además, indica que en una auditoría del 2016, se comprobó que Lijo tenía 29 causas con demoras injustificadas, algunas de hasta 14 años. Y destaca que “no hay acceso público a las sentencias del juez Lijo, lo que dificulta evaluar objetivamente su desempeño como magistrado.” Y por último, el escrito señala que el candidato a la Corte “ha sido mencionado en denuncias por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, incluyendo investigaciones lideradas por Elisa Carrió.”

Por otro lado, el denominado Grupo Encuentro de Militantes Radicales integrado por más de 60 dirigentes de todo el país expresó su “rotunda oposición” a la designación de Lijo como integrante de la Corte Suprema.

En un texto dirigido a los presidentes del Comité Nacional de la UCR y de la Convención Nacional del partido, así como a los senadores de su partido, señalan que “la vacante dejada por la doctora Elena Highton de Nolasco, debe ser cubierta por una mujer”.

Además sostienen que Lijo “no tiene antecedentes académicos suficientes para ser juez de la Corte, tal como lo ha sostenido la Federación Argentina de Colegio de Abogados y otras entidades vinculadas con la Abogacía; carece de experiencia en la actividad profesional privada y se ha dedicado al Fuero Penal, materia de enorme importancia, pero que no es fundamental en la Corte Suprema, donde debe priorizarse el Derecho Constitucional y el cumplimiento de la Ley Fundamental y no la competencia ordinaria”.