El DNU, la cultura y los debates que quedan pendientes

Es posible que buena parte de la opinión pública se haya enterado por primera vez en los últimos días que entre los 664 artículos de la ley ómnibus enviada al Congreso por el presidente Javier Milei también hay propuestas de cambios cruciales en el papel que ejerce el Estado en relación con el arte y la cultura. La participación de destacadas figuras de esos ámbitos como Santiago Mitre (el director de Argentina, 1985, el último gran éxito local e internacional del cine argentino), su colega Lucrecia Martel y el actor Jorge Marrale, entre otros, le dieron a lo largo de la última semana un matiz distinto y novedoso al extenso debate sobre los alcances del megaproyecto oficial abierto en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Ya no se hablaba allí solamente de la emergencia previsional, de las fórmulas de movilidad jubilatoria, de la privatización de empresas públicas o de las facultades legislativas que el Ejecutivo espera que le sean delegadas. En más de una ocasión el poderoso capítulo económico de la ley ómnibus quedó opacado por el capítulo cultural, y en vez de hablar sobre el destino de YPF o el Banco Nación algunas voces cantantes alertaron sobre el futuro de los institutos nacionales de la Música y el Teatro, y del Incaa.

Este protagonismo resulta inevitable cuando en las menciones se incorporan nombres conocidos (y queridos) por los argentinos. “¿Existirían películas como las de Darín?”, se preguntó Mitre al alertar sobre lo perjudicial que resultaría para toda la actividad cinematográfica local la aprobación de un proyecto que, entre otras cosas, eliminaría gran parte del financiamiento actual que el Incaa obtiene para sus planes de fomento de los recursos aportados por el Ente Nacional de Comunicaciones.

A la vista de todos parece haberse planteado en el plenario de comisiones un contrapunto entre posturas intransigentes. De un lado, el Gobierno sostiene sin alteraciones un proyecto que entre otras medidas abandona el mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Formación Cinematográfica (Enerc), dependiente del Incaa, y plantea el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INC), dos entidades reconocidas por su trayectoria en la difusión de sus actividades respectivas y en la formación de nuevas generaciones de creadores. Del otro, la postura crítica de casi todas las entidades representativas del sector, que fue más allá del rechazo a alguna medida específica. Es el capítulo completo dedicado a la cultura el que se cuestiona de plano.

En el medio está la política, que también aplica sus reglas. En las últimas horas pareció quedar en claro que detrás de las apasionadas intervenciones en el plenario de comisiones también se fue abriendo en este caso un espacio superador de las posturas más inflexibles. Así empezó a trascender que el dictamen necesario para habilitar en algún momento de la próxima semana el debate en el recinto con la participación de todos los diputados contemplará modificaciones a la propuesta oficial también en el capítulo cultural. El eje de las correcciones estaría puesto en el financiamiento del Incaa, el sostén de la Enerc y el destino del INT. Para más adelante quedaría la necesidad, como muy razonablemente planteó la productora Vanessa Ragone, de discutir una nueva Ley de Cine para adecuarla a una realidad muy distinta a la de 1994, año de aprobación de la actual norma.

En medio de las urgencias de unos y de otros quedan pendientes algunos imprescindibles debates sobre los factores y las circunstancias que llevaron al preocupante escenario actual e impulsaron al Gobierno a ir a fondo también en este ámbito con medidas de ajuste muy fuertes. Entre otras cosas, por qué hay organismos equivalentes al Incaa en otros lugares del mundo con mayor producción de cine que con estructuras mucho más pequeñas y desburocratizadas ejercen su tarea con mucha mayor eficiencia. Es un secreto a voces que durante el gobierno anterior se llegaron a destinar más recursos del organismo para el pago de salarios que para las acciones específicas de fomento a la actividad.

Mientras tanto, el Incaa permanece acéfalo desde la llegada del nuevo gobierno, sin una autoridad que se haga responsable con su firma de poner mínimamente en marcha el funcionamiento administrativo, como lo reconoció hace unos días el secretario de Cultura Leonardo Cifelli en el encuentro que mantuvo con las autoridades de la Academia del Cine de la Argentina. Por esa razón hay rodajes paralizados y proyectos que se demoran. Solo permanecen activos los pocos que cuentan con el respaldo económico de las plataformas de streaming.

En el mundo del cine cada vez se acepta más, aunque todavía por lo bajo, la necesidad de discutir internamente a fondo por qué el Incaa dejó en los últimos años de cumplir buena parte de su misión mientras sus oficinas se llenaban de empleados militantes. Cualquier cambio en la legislación será insuficiente o estéril si toda esa realidad tan cercana sigue sin asumirse y reconocerse del todo por los propios actores y protagonistas del sector.